Remiseros piden actualización de tarifas: el Concejo Deliberante analiza dos dictámenes

El Concejo Deliberante analiza un pedido de actualización tarifaria presentado por los trabajadores del servicio de remises, quienes solicitaron elevar el valor del pasaje mínimo a $1.300, con una cláusula gatillo a $1.500 a aplicarse dentro de los próximos 60 o 90 días. Actualmente, el costo del viaje es de $1.000.

La propuesta fue discutida en una reunión concretada esta semana, tras un petitorio elevado por el sector la semana pasada. Durante el encuentro, los remiseros también plantearon la ampliación del horario nocturno, actualmente de 23 a 4 de la mañana, para que comience a regir desde las 22 horas. Sin embargo, la solicitud no prosperó, al igual que el pedido de aplicar tarifa nocturna durante los fines de semana.

El concejal Leiva explicó que no hubo acuerdo concreto con los representantes del sector, pero que los ediles continúan debatiendo internamente cuál será la propuesta más razonable.

“Se planteó que debe considerarse la necesidad de una actualización, pero también los criterios vinculados a los usuarios, como la inflación, los ingresos y los salarios”, señaló.

Tras el debate, se resolvió avanzar con dos dictámenes: uno que acompañará la propuesta de los remiseros ($1.300 ahora y $1.500 en 90 días o el año que viene) y otro que plantea una suba más moderada a $1.200. Ambos proyectos se someterán a votación en la próxima sesión, prevista para la semana que viene.

Servicios no regulados: Uber, remises “truchos” y mototaxis

Leiva también se refirió a la proliferación de servicios como Uber, remises no habilitados y mototaxis, y aclaró que no existe regulación vigente sobre ellos.

“Regularlos implicaría habilitarlos. Mientras no estén habilitados, todos esos servicios son ilegales, aunque tampoco están expresamente prohibidos”, explicó.

El edil advirtió que estos sistemas no garantizan la seguridad de los usuarios ni las condiciones técnicas de los vehículos, por lo que no deberían funcionar. No obstante, reconoció que el control estatal es limitado debido a la falta de un marco normativo.

Por último, adelantó que podría discutirse un proyecto para regular o prohibir estos servicios durante 2026, pero no está previsto su tratamiento en el actual período legislativo.