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FRAILE PINTADO: LA CRISIS INSTITUCIONAL SE PROFUNDIZA Y UNOS 150 MUNICIPALES PERMANECEN EN EL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA

Foto del escritor: Christian Ariel Rodriguez
Christian Ariel Rodriguez
hace 6 minutos
7 min de lectura

La disputa entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal sumó este lunes un nuevo capítulo. Luego del primer intento de notificación realizado el viernes, los concejales volvieron a presentarse en la Municipalidad, en medio de un importante operativo policial destinado a garantizar la seguridad en el edificio y evitar posibles enfrentamientos entre los sectores enfrentados. Alrededor de 150 trabajadores municipales permanecían en el lugar desde el viernes, en resguardo del edificio y en rechazo a una eventual asunción de la presidenta del Concejo Deliberante, Melisa Russitto, al frente del Ejecutivo.


La situación institucional de Fraile Pintado atraviesa uno de sus momentos más delicados. La suspensión del intendente Ruly Cardozo, dispuesta por el Concejo Deliberante, abrió un nuevo escenario de confrontación entre los poderes municipales y mantiene en incertidumbre el funcionamiento de la administración local.


La medida establece la suspensión del jefe comunal hasta el próximo 9 de diciembre y es consecuencia de un proceso administrativo y político que se venía desarrollando desde hace varios meses.


LOS CUESTIONAMIENTOS QUE DIERON ORIGEN AL PROCESO


El procedimiento de juicio político tuvo como punto de partida una presentación ingresada el 2 de agosto de 2026, en la que se plantearon distintos cuestionamientos sobre el funcionamiento de la gestión municipal.


Entre los principales puntos señalados aparecen la falta de respuestas a aproximadamente 55 pedidos de informes formulados por el Concejo Deliberante, vinculados con distintos aspectos de la administración municipal, entre ellos el manejo de la compra de un colectivo, donaciones de cemento y procedimientos de compras y contrataciones.


Otro de los cuestionamientos centrales está relacionado con la situación salarial de 22 trabajadores del Concejo Deliberante. Según las denuncias planteadas durante el proceso, empleados del cuerpo legislativo llevan 11 meses sin percibir sus haberes, una situación que también habría afectado su coberturas médicas y incumplimientos de compromisos financieros.


A estos planteos se suman denuncias de presunto acoso laboral y sexual contra empleadas municipales, atribuidas al intendente y a integrantes de su entorno de colaboradores. Se trata de acusaciones de gravedad que forman parte de los cuestionamientos expuestos y que deben ser investigadas por las vías correspondientes.


El conjunto de estas situaciones fue incorporado al proceso impulsado desde el ámbito legislativo, que avanzó posteriormente hacia la instancia de juicio político.


EL JUICIO POLÍTICO Y LA SUSPENSIÓN


El procedimiento tuvo distintos pasos administrativos y legislativos. El 26 de septiembre, cuatro concejales aprobaron el dictamen inicial de la Comisión de Juicio y Reclamaciones, mientras que el 28 de septiembre se informó la conformación de las salas Acusadora y Juzgadora, dando continuidad al mecanismo institucional.


Durante el desarrollo del proceso se recibieron las presentaciones de los denunciantes y se habilitaron las instancias correspondientes para que el intendente pudiera ejercer su derecho de defensa.


Cardozo presentó un descargo por escrito. Sin embargo, según lo señalado por las autoridades del Concejo, no compareció personalmente ante el cuerpo legislativo durante el procedimiento.

Finalmente, el Concejo Deliberante avanzó con la decisión de suspender al jefe comunal mediante la Resolución N.º 617, estableciendo como plazo de la medida el 9 de diciembre.


La decisión abrió una nueva disputa respecto de la conducción del Departamento Ejecutivo y la posibilidad de que la presidencia del Concejo Deliberante asuma transitoriamente esas funciones mientras se resuelven las presentaciones judiciales.


UN EDIFICIO MUNICIPAL CON PRESENCIA DE UNOS 150 TRABAJADORES


Uno de los aspectos más significativos de este conflicto se produjo en el propio edificio municipal. Desde el viernes, alrededor de 150 empleados municipales permanecían en las instalaciones, en una especie de guardia y resguardo del lugar, manifestándose en contra de una eventual toma de posesión de la intendencia por parte de Melisa Russitto.


Esta permanencia se extendió durante el fin de semana y continuaba este lunes, en jornadas marcadas por temperaturas que alcanzaron aproximadamente los 37 grados.

La presencia de los trabajadores generó un escenario de tensión ante la posibilidad de que se produjera un encuentro entre quienes respaldan al intendente Cardozo y los representantes del Concejo Deliberante.


En ese contexto debe entenderse el importante despliegue policial dispuesto para este lunes. Alrededor de 50 efectivos participaron del operativo, con presencia de Infantería, Caballería, Cuerpos Especiales y personal policial masculino y femenino, incluyendo efectivos llegados desde San Salvador de Jujuy.


La finalidad del dispositivo fue brindar seguridad a las personas que permanecían en el edificio municipal y prevenir posibles enfrentamientos entre los distintos sectores. La presencia de personal femenino también respondía a la importante cantidad de mujeres que se encontraban en el lugar y a la necesidad de contar con efectivos preparados para intervenir ante eventuales incidentes.


DOS INTENTOS DE NOTIFICACIÓN Y UN NUEVO ESCENARIO DE TENSIÓN


El viernes pasado se produjo el primer intento de notificar al intendente sobre la suspensión. Aquella jornada estuvo marcada por momentos de tensión, empujones y dificultades para concretar el procedimiento.


Este lunes, alrededor de las 11:30, los concejales volvieron a dirigirse hacia el edificio municipal, acompañados por el operativo policial.

La comitiva legislativa estuvo integrada por la presidenta del Concejo Deliberante, Melisa Russitto, los concejales Di Bello y Illanes, junto al secretario y el presidente parlamentario del cuerpo. No participó el concejal Carabajal.


Al llegar a las puertas de la Municipalidad, intentaron establecer contacto con las autoridades del Ejecutivo para realizar la notificación, pero no fueron atendidos.

Posteriormente, por recomendación del asesor legal de la presidencia del Concejo, el doctor Gustavo Arias, la comitiva decidió retirarse y regresar al edificio legislativo.


Una vez allí, se dejó constancia de lo sucedido y se comunicó que se avanzará con una denuncia penal ante la imposibilidad de ingresar al municipio y concretar la notificación.


A diferencia de lo ocurrido el viernes, esta segunda jornada transcurrió sin episodios de violencia, aunque el despliegue policial evidenció la dimensión que adquirió el conflicto institucional.


MELISA RUSITTO DEFENDIÓ EL PROCEDIMIENTO LEGAL


La presidenta del Concejo Deliberante, Melisa Russitto, sostuvo que las actuaciones impulsadas desde el cuerpo legislativo se desarrollan dentro de los procedimientos legales establecidos.

«Venimos haciendo los procesos legales como corresponde», manifestó al referirse a las actuaciones realizadas y al procedimiento de suspensión del intendente.


La titular del órgano legislativo defendió el camino institucional elegido para avanzar con la medida y las posteriores notificaciones al Ejecutivo municipal.


La imposibilidad de concretar el procedimiento durante la jornada de este lunes motivó la decisión de avanzar con una presentación penal, además de dejar constancia de lo sucedido.


Desde la presidencia del Concejo se sostiene que corresponde avanzar con la transición provisional del Ejecutivo mientras se resuelven las cuestiones judiciales relacionadas con la suspensión.


EL RESPALDO DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES A CARDOZO


En medio de la disputa política e institucional, también se hicieron visibles las distintas posiciones de los trabajadores municipales.


Carlos César Cisneros, empleado municipal de planta permanente con 33 años de antigüedad, manifestó públicamente su respaldo a la gestión de Ruly Cardozo y cuestionó la situación que atraviesa la localidad.


El trabajador consideró que antes de suspender al intendente deberían presentarse las pruebas correspondientes y reconoció que desconoce en profundidad las acusaciones que forman parte del proceso de juicio político.

«Es una vergüenza que esté ocurriendo esto en Fraile Pintado», expresó, al tiempo que destacó las obras que, según señaló, viene desarrollando la actual gestión municipal.


Cisneros también manifestó su preocupación por las consecuencias que el conflicto está teniendo sobre el funcionamiento de las distintas áreas municipales.

Según explicó, los trabajadores no están desarrollando normalmente sus tareas y se encuentran afectados servicios como la recolección de residuos, el barrido de calles y la ejecución de obras públicas.


El empleado sostuvo que existe malestar entre sus compañeros y expresó su expectativa de que la situación pueda resolverse para retomar las actividades habituales.


También planteó su postura respecto de la legitimidad electoral de las autoridades, al considerar que quien conduce el municipio debe acceder al cargo mediante el voto popular.


GUILLERMO ALE EXPUSO LA SITUACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL CONCEJO


Otra de las voces que aportó elementos al conflicto fue la de Guillermo Ale, secretario de bloque del Frente Cambia Jujuy, quien expuso la situación que atraviesan los empleados del Concejo Deliberante.


El entrevistado aseguró que existen trabajadores que no perciben sus haberes desde el 1 de enero y estimó que serían alrededor de 22 las personas alcanzadas por esta situación, incluyendo profesionales.


Ale manifestó que el retraso salarial también habría generado consecuencias sobre la cobertura médica de algunos trabajadores y el cumplimiento de compromisos bancarios asumidos previamente.


En su testimonio mencionó particularmente su situación personal, al señalar que padece hipertensión y diabetes y que la falta de cobertura médica le generó dificultades. También hizo referencia a una trabajadora que se encontraba haciendo uso de una licencia por maternidad.


El secretario de bloque manifestó la angustia que atraviesan los empleados y defendió la posición del Concejo Deliberante en el marco del conflicto. Consideró que debe respetarse el procedimiento institucional y avanzar con la sucesión provisional del Ejecutivo mientras se resuelven las cuestiones judiciales.


UNA CRISIS QUE TRASCIENDE LA DISPUTA POLÍTICA


El conflicto en Fraile Pintado ya no se limita a una discusión entre concejales e intendente. Las consecuencias alcanzan directamente al funcionamiento de las instituciones municipales, a los trabajadores y a los servicios que debe garantizar el Estado local.


Por un lado, el Concejo Deliberante sostiene la

legalidad del procedimiento de juicio político y de la suspensión dispuesta, fundamentada en una serie de cuestionamientos administrativos, laborales e institucionales.


Por otro, trabajadores municipales expresan su respaldo a Cardozo y advierten sobre las dificultades que genera la paralización de las actividades, mientras que desde el cuerpo legislativo se insiste en los reclamos salariales y en la necesidad de garantizar el funcionamiento del Concejo.


La permanencia de alrededor de 150 trabajadores en el edificio municipal, los dos intentos de notificación, los anuncios de nuevas acciones judiciales y la discusión sobre quién debe quedar al frente del Departamento Ejecutivo mantienen abierto un escenario de incertidumbre.


Fraile Pintado atraviesa así una profunda crisis institucional que requiere definiciones tanto en el ámbito legislativo como en el judicial. Mientras las partes sostienen sus respectivas posiciones, la principal preocupación pasa también por garantizar la continuidad de los servicios municipales y evitar que el conflicto político siga profundizando sus consecuencias sobre la comunidad.



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