FRAILE PINTADO: EL CONCEJO SUSPENDIÓ AL INTENDENTE RULY CARDOZO Y HUBO TENSIONES DURANTE EL INTENTO DE NOTIFICACIÓN
En el marco del juicio político que se tramita contra el jefe comunal, el Concejo Deliberante aprobó la Resolución N.º 617, mediante la cual dispuso su suspensión. Tras finalizar la sesión, los concejales se presentaron en el edificio municipal para comunicar la medida, pero se encontraron con resistencia y momentos de tensión.
La situación institucional en Fraile Pintado sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el Concejo Deliberante avanzara con una resolución que dispone la suspensión del intendente José Mario «Ruly» Cardozo, en el marco del proceso de juicio político que se lleva adelante en su contra.
La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria y quedó plasmada en la Resolución N.º 617. Una vez concluida la reunión legislativa, los concejales se trasladaron hasta el edificio municipal con el objetivo de notificar formalmente al mandatario sobre la medida.
Sin embargo, el procedimiento estuvo marcado por momentos de tensión, cruces verbales y un episodio de forcejeo denunciado por una de las ediles.
EL INTENTO DE NOTIFICACIÓN Y LOS INCIDENTES EN EL MUNICIPIO
La concejal Melisa Russitto explicó que los integrantes del cuerpo legislativo se presentaron en el municipio para cumplir con el procedimiento correspondiente. Según su relato, fueron atendidos por dos secretarias que manifestaron que no aceptarían notificarse de la resolución.
La edil sostuvo que, durante el intento de ingresar, se produjeron insultos y un forcejeo cuando intentaron impedirle el paso. «Venimos a notificar nada más», expresó al describir su intervención en el lugar.
Asimismo, defendió la decisión adoptada por el Concejo Deliberante y aseguró que el cuerpo actuó dentro de las facultades que considera propias de su función institucional.
Consultada sobre la presencia del intendente, Russitto manifestó que no llegó a verlo personalmente, aunque indicó que habría recibido comentarios sobre el ingreso de personal municipal por una puerta trasera del edificio.
LA INTERVENCIÓN POLICIAL Y LA NOTIFICACIÓN
Por su parte, el subcomisario Luis Gualpa, jefe de la Seccional 40 «Cástulo Bracamonte» de Fraile Pintado, explicó que la Policía intervino ante la situación generada en el edificio municipal y que se buscaba garantizar la seguridad de las personas presentes.
El jefe policial confirmó que el intendente no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento y que se estaba dialogando sobre la posibilidad de que el doctor Moya, señalado como apoderado del mandatario, pudiera recibir la documentación.
Gualpa también indicó que se realizaron consultas para determinar si la notificación debía concretarse de manera personal al intendente o si podía efectuarse a través de su representante legal.
Al momento de sus declaraciones, el subcomisario señaló que la notificación todavía no se había concretado y que se procuraba resolver la situación dentro de los términos correspondientes, evitando que se produjeran nuevos incidentes.
UN CONFLICTO INSTITUCIONAL QUE SE PROFUNDIZÓ DURANTE 2026
Para comprender el escenario que atraviesa Fraile Pintado es necesario remontarse a los primeros meses de este año, cuando comenzaron a profundizarse las diferencias entre el Departamento Ejecutivo, encabezado por Cardozo, y el Concejo Deliberante.
Uno de los principales puntos de conflicto estuvo relacionado con el funcionamiento del cuerpo legislativo y la situación salarial de sus trabajadores. Desde el Concejo denunciaron que 22 empleados dejaron de percibir sus haberes a partir de enero, situación que derivó en una presentación judicial por conflicto de poderes.
En febrero, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy dictó una medida cautelar que ordenó al municipio cesar la retención e interrupción del pago de salarios al personal del Concejo Deliberante. La decisión judicial representó un antecedente importante dentro del enfrentamiento institucional entre ambos poderes municipales.
Posteriormente, durante agosto, el conflicto tomó una nueva dimensión. El día 2 de ese mes ingresó formalmente al Concejo una denuncia solicitando la apertura de un juicio político contra el intendente.
La presentación fue impulsada a partir de distintos cuestionamientos a la administración municipal, entre ellos la falta de respuestas a más de 50 pedidos de informes realizados por los concejales durante 2025 y 2026.
Entre los temas que se reclamaba esclarecer figuraban el destino de vehículos municipales, la utilización de donaciones de cemento, compras y contrataciones, además de observaciones vinculadas con la rendición de cuentas.
En aquella oportunidad, la presidenta del Concejo Deliberante, Melisa Russitto, había manifestado que se habían agotado las instancias de diálogo y que la falta de información impedía ejercer adecuadamente las tareas de control sobre la administración municipal.
LAS DENUNCIAS LABORALES Y LAS OBSERVACIONES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN
A los cuestionamientos administrativos se sumaron denuncias de trabajadoras y exempleadas municipales por presuntas situaciones de hostigamiento, acoso laboral y sexual, además de acusaciones de abuso de autoridad que involucran al intendente y a integrantes de su gabinete.
Estos testimonios fueron incorporados al expediente del juicio político y constituyen parte de los elementos que el cuerpo deliberativo debía analizar durante el procedimiento.
También se formularon observaciones sobre la rendición anual de cuentas correspondiente a 2025, con cuestionamientos a determinadas operaciones de compra y contrataciones municipales.
En septiembre, el concejal Marcelo Illanes brindó declaraciones públicas y señaló que el proceso había avanzado luego de acumularse los reclamos por falta de información y las denuncias presentadas contra la gestión municipal.
EL INICIO FORMAL DEL JUICIO POLÍTICO
El 26 de septiembre, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Juri y Reclamaciones que dio inicio formal al juicio político contra Cardozo.
La decisión contó con el respaldo de cuatro concejales: Juan José Di Bello, Marcelo Illanes, Matías Carabajal y Melisa Russitto.
Posteriormente, se avanzó con la conformación de las salas Acusadora y Juzgadora, que tienen a su cargo las distintas etapas del procedimiento institucional.
Durante octubre y los primeros días de noviembre, la Sala Acusadora continuó con la recopilación de documentación, la recepción de testimonios y el análisis de las presentaciones realizadas por los denunciantes.
En ese marco, el intendente también fue convocado para ejercer su derecho de defensa. Según explicó Russitto en declaraciones publicadas este viernes por El Tribuno de Jujuy, Cardozo no compareció personalmente, aunque presentó un descargo por escrito el último día del plazo de 15 días establecido para esa instancia.
La documentación presentada por el jefe comunal debía ser considerada junto con las pruebas aportadas por los denunciantes para la elaboración del dictamen correspondiente.
UNA DEFINICIÓN QUE ABRE UN NUEVO ESCENARIO
Este viernes 13 de noviembre, el proceso llegó a una nueva instancia con la sesión ordinaria en la que se aprobó la Resolución N.º 617, mediante la cual el Concejo dispuso la suspensión del intendente.
La posterior presentación de los concejales en el edificio municipal para comunicar la medida derivó en el episodio de tensión que motivó la intervención policial.
De esta manera, la disputa que comenzó con reclamos administrativos, pedidos de informes y cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional del municipio terminó trasladándose a un escenario de mayor confrontación política y jurídica.
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