SAUZALITO: 60 DENUNCIAS POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE MADERA Y CRECE LA PREOCUPACIÓN POR EL BOSQUE NATIVO
En lo que va de 2026 se realizaron 20 denuncias por tala ilegal en un área protegida de Ledesma, en Caimancito, y se recuperaron 680 rollos de madera nativa en tres meses. Especialistas advierten sobre el impacto ambiental, la pérdida de biodiversidad y el perjuicio para la industria forestal legal. Reclaman fortalecer los controles y articular acciones entre el Estado, el sector privado y los actores madereros.
La extracción ilegal de madera continúa generando preocupación en Sauzalito, en la finca Caimán, a unos 700 metros del acceso a Caimancito, sobre la Ruta Nacional 34 en una zona de la Reserva de Biosfera de las Yungas. Durante una recorrida por el sector se observaron picadas abiertas en medio del bosque nativo y rollos de madera extraídos de manera ilegal, una situación que compromete la conservación de un ecosistema de alto valor ambiental.
La problemática fue expuesta por el ingeniero agrónomo Pablo Eliano, asesor forestal; Ing. Arturo Blanco, jefe de Medio Ambiente y Comunidad de Ledesma; y la ingeniera forestal Estefanía Sánchez Cuartielles, integrante de la Fundación ProYungas. Los tres coincidieron en señalar las consecuencias de estas prácticas, aunque desde distintas perspectivas: el manejo forestal, la protección del territorio y la conservación de la biodiversidad.
Según los datos aportados durante la recorrida, se realizaron 20 denuncias en lo que va de 2026 y 60 en el período total de intervención. Además, la empresa informó que recuperó 680 rollos de madera nativa en tres meses.
UN ÁREA PROTEGIDA DONDE NO ESTÁ PERMITIDA LA TALA
Blanco explicó que Ledesma posee alrededor de 160.000 hectáreas en Jujuy, de las cuales 100.000 fueron destinadas a la conservación del bosque nativo en el marco del ordenamiento territorial presentado en 2008.
El sector de Sauzalito corresponde a la categoría I, identificada con el color rojo en el mapa provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos. En esta categoría no está permitido el aprovechamiento maderero.
“Acá no debería haber ningún camino, esto es un área protegida, tiene que haber bosque”, sostuvo Blanco al explicar el origen de las picadas detectadas en el lugar.
De acuerdo con el responsable ambiental, esos caminos se abren para facilitar el ingreso y la extracción de madera. La empresa viene realizando recorridas y tareas de recuperación del material extraído, además de presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.
Entre las especies afectadas mencionó cedro, lapacho, quina y roble. Sobre esta última, advirtió acerca de su importancia para las Yungas y de las restricciones que pesan sobre su aprovechamiento forestal.
Blanco también alertó sobre los riesgos de incendio que genera la degradación del bosque, especialmente por la cercanía con la Ruta Nacional 34 y con el Parque Nacional Calilegua. Según indicó, durante el año pasado se quemaron unas 20.000 hectáreas de bosque nativo: aproximadamente 10.000 en tierras de Ledesma y otras 10.000 en el área del parque.
LA MADERA ILEGAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL
Desde el punto de vista productivo, el ingeniero agrónomo Pablo Eliano explicó que la extracción forestal no es necesariamente perjudicial cuando se realiza de manera planificada y con las autorizaciones correspondientes. En determinadas categorías de bosque, los planes de manejo permiten aprovechar el recurso de forma sustentable, siempre que se cumplan las normas técnicas y ambientales.
Sin embargo, aclaró que esa posibilidad no se aplica al área protegida de Sauzalito.
“Si tenemos operaciones ilegales como la que estamos viendo acá, esto es un grave problema para los propietarios que quieren trabajar bien”, afirmó Elian.
El asesor forestal explicó que la madera obtenida ilegalmente ingresa al mercado sin afrontar los mismos cánones, impuestos y costos administrativos que debe asumir la producción autorizada. Esa diferencia impacta en los precios y perjudica a quienes cumplen con las normas.
“Es también un perjuicio grande esta competencia desleal que generan las operaciones ilegales”, señaló al referirse a los aserraderos y las carpinterías que trabajan con madera legal.
La situación adquiere especial relevancia en Caimancito, una localidad reconocida por su actividad maderera y la fabricación de muebles, puertas y ventanas, con una producción que abastece a distintos puntos de la región.
Eliano advirtió que el uso irresponsable del recurso puede comprometer la continuidad de esa cadena productiva. “Si se agota el recurso por su mal uso, entonces esa cadena de valor se va a cortar”, sostuvo.
El especialista también consideró necesario fortalecer los controles sobre el transporte y la comercialización de madera, con intervención de la Policía provincial, la Policía Rural, Gendarmería Nacional dentro de sus competencias y la autoridad ambiental.
LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE PUEDE LLEVAR DÉCADAS
La ingeniera forestal Estefanía Sánchez Cuartielles, de la Fundación ProYungas, puso el foco en las consecuencias que la tala reiterada provoca sobre la estructura del bosque y las especies que dependen de ese ambiente.
La organización trabaja junto a Ledesma desde hace más de 15 años en acciones de conservación y monitoreo de la biodiversidad. Según detalló la especialista, los relevamientos realizados en los espacios silvestres de la empresa registraron más de 80 especies de mamíferos, siete especies de felinos —entre ellas el yaguareté—, 230 especies de aves y más de 80 especies de peces.
Para Sánchez Cuartielles, mantener la estructura del bosque es fundamental para garantizar las condiciones de vida de esa diversidad de especies.
“Si bien para tener un bosque en buen estado de conservación pasan muchos años, más de 20, más de 30, más de 40 años”, explicó.
La especialista aclaró que la selva pedemontana tiene capacidad de regeneración y que algunas especies, como el cedro y el lapacho, pueden rebrotar. Sin embargo, advirtió que la extracción constante termina debilitando ese proceso natural.
La tala reiterada reduce la cantidad de árboles que producen semillas, modifica la vegetación y deteriora los espacios de alimentación y refugio de la fauna. Además, puede favorecer la propagación de incendios forestales.
“Cuanto más se degrada la estructura de un bosque, más se pierden estos árboles, más se empobrece la cantidad de animales que están viviendo en estos lugares”, señaló.
Sánchez Cuartielles recordó que en el área se registraron incendios importantes en 2013, 2020 y 2022, y advirtió que el deterioro del bosque puede generar un círculo de degradación: facilita nuevos ingresos, aumenta la presión sobre los árboles y vuelve más vulnerable al ecosistema.
UN SISTEMA DE CONTROL QUE INVOLUCRE A TODOS LOS SECTORES
La reiteración de las denuncias plantea un interrogante que excede las actuaciones realizadas hasta el momento: cómo establecer un sistema de control que permita prevenir nuevos episodios y actuar sobre toda la cadena de extracción, transporte y comercialización de madera.
La cercanía de Sauzalito con la Ruta Nacional 34 y con Caimancito, una localidad con una importante actividad de aserraderos y carpinterías, expone una realidad compleja.
Por un lado, existe un área que debe permanecer protegida por su valor ambiental; por otro, una industria regional que necesita acceder a materia prima de origen legal para sostener su producción y el empleo.
La posibilidad de impulsar una tala controlada en Sauzalito, sin embargo, no constituye una alternativa dentro del marco de conservación vigente: la categoría asignada a ese sector impide el aprovechamiento maderero. La discusión debe orientarse a fortalecer la producción legal en las zonas habilitadas y garantizar que las áreas protegidas no sean incorporadas al circuito extractivo.
En ese sentido, la situación requiere una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, las empresas propietarias de tierras, los representantes del sector maderero, los aserraderos y las carpinterías, junto con los organismos de conservación.
La trazabilidad de la madera, los controles sobre las guías forestales, la fiscalización de los puntos de compra y venta y el fortalecimiento de los recursos destinados a la vigilancia aparecen como herramientas centrales para evitar que el producto extraído ilegalmente compita con quienes cumplen la normativa.
Las 60 denuncias acumuladas, las 20 registradas en lo que va de 2026 y los 680 rollos recuperados en tres meses reflejan la dimensión de una problemática que no se resuelve únicamente con intervenciones posteriores a los hechos.
La protección del bosque nativo y la continuidad de la industria maderera legal deben abordarse de manera conjunta, sin desconocer los límites establecidos para las áreas de conservación. El desafío para Jujuy es avanzar hacia controles efectivos, responsabilidades compartidas y alternativas productivas sostenibles que permitan preservar un patrimonio natural cuya recuperación puede demandar décadas.
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