El curro de las viviendas y terrenos en Libertador

Ante el crecimiento poblacional en nuestra ciudad, la demanda de viviendas y tierras aumenta y resulta un problema estructural para grupos de familias que lo necesitan

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Las familias que realmente necesitan que se les adjudique una vivienda o terreno estatal de manera legal esperan años para ser beneficiados. Mientras, hay un grupo de personas que son favorecidos pero deciden comercializar estas viviendas o terrenos fiscales; al ser adjudicatarios algunos aprovechan la situación y la urgencia para generar una fuente de ingresos alternativa que en algunos casos resulta lucrativa.

En tales circunstancias, los adjudicatarios de las viviendas y/o terrenos fiscales no habitan desde el momento de la entrega o también hay casos dónde es alquilada o cedida y, en algunos es "vendida" solo con un boleto de compra venta. Por tal situación, el Instituto de Vivienda busca regularizar tal ocupación, a través de la desadjudicación y cambio de titularidad pero esto resulta un proceso administrativo bastante complejo y lento, que incluso demora años, para reotorgar nuevamente las unidades habitacionales.

Estos negocios lucrativos es un "delito grave" que perjudica a quienes esperan periodos prolongados una vivienda digna o un terreno del Estado. En tanto, la comercialización crece y se convierte en una práctica muy común y bajo el falso código de “no denunciar”.

Estos grupos de personas generan una brecha a las normas por simulación de divorcios, certificación de no convivencia o falta de registración a nombre de los adjudicatarios. Discriminan a otros grupos familiares que nunca pueden ni podrán acceder a una vivienda digna y propia.

Lamentablemente, las familias que realmente necesitan la vivienda o terreno y todavía no son asignadas, se ven afectadas en el día a día ya que cuentan con el ingreso económico para alquilar o "compartir gastos" en alquiler con otras familias o ahorrar y "gastar menos" y en algún momento comprar un terreno fiscal "en venta" rogando no ser estafados o por desconocimiento caer en una red de “inmobiliaria en negro”.

Por último, resta legislar la actividad administrativa con el fin de evitar que se continúe generando estas situaciones irregulares. Desde luego, es un "delito grave" tener un terreno fiscal o una vivienda otorgada por el Estado en cualquiera de sus estamentos o formas y no habitarla.