El diario página 12 hizo pública una denuncia que se tramita en el poder judicial.
El artículo reza.
Los árboles se seleccionan por la calidad de su madera y son talados. Luego son amontonados en un canchón de una hectárea donde los cargan en camiones para su transporte. Los vehículos salen por una picada, sin dar a conocer autorización alguna, ni comunicar a las familias campesinas que viven en el lugar y que se oponen a la tala, aparentemente ilegal.Este es en resumen la situación que viven las familias campesinas de las serranías de Maíz Gordo, en la jurisdicción de la localidad de Palma Sola, uno de los municipios del departamento jujeño de Santa Bárbara, según denunciaron el Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina y el Frente Agrario Evita. La denuncia es contra “Tacho” Gurrieri que, según informó el diario El Tribuno de Jujuy, es un ex diputado provincial, maderero, y padre de Daniel Gurrieri, actual intendente de la localidad de Caimancito, municipio del departamento Ledesma. Ambos municipios están separados por poco más de 50 kilómetros.Según consta en la denuncia, hace una semana una de las cuatro familias que viven en el paraje Maíz Gordo alertó sobre la tala ilegal de madera y su acondicionamiento dentro de las tierras para sacarla. Para evitar que la actividad continúe, se decidió poner un candado en el portón ubicado en el paraje desde los años 90, y que nunca había sido asegurado. Pero, según relató Anastasia García, coordinadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Jujuy, las familias dijeron que quienes roban la madera rompieron el candado y volvieron a ingresar. Si bien hay un camino vecinal, se hizo una picada a su lado para que los camiones extrajeran la madera acondicionada en un canchón de una hectárea que se armó tras desmontar ese lugar.El interés maderero.
En 2019, durante el gobierno nacional en manos de Mauricio Macri y el provincial (como continúa hoy) a cargo de Gerardo Morales, se lanzó a Caimancito como una cuenca forestal de importancia. En un parte oficial de la gestión en el gobierno nacional se indicaba que el municipio contaba con “un área de unas 150.000 hectáreas que tiene un potencial para mejorar de manera sustentable la economía del sector”. Añadía la información que “los objetivos son ordenar los aspectos comunes de la producción maderera, incluyendo las variables tecnológicas y económicas; y mejorar la economía del sector, fortaleciendo a Caimancito como un polo forestal dinámico, competitivo y adaptado a la economía local, alcanzando una mejor calidad ambiental y un mayor bienestar social para todos sus habitantes”. Del acto de lanzamiento de Caimancito como polo forestal también participó en su calidad de funcionario provincial Gurrieri, quien luego ganó la intendencia de ese pueblo.
“En las narices de la Policía Rural”
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) sostuvo en un comunicado que “el robo descarado de rollos de Quina, Cebil, Quebracho, Palo Blanco, entre otros en el paraje Maíz Gordo a 50 km al este de la localidad de Palma Sola”, se hace “en las narices de la Policía Rural”. Indicó que el 12 de noviembre los orientadores territoriales del Movimiento “vieron salir del paraje 3 camiones repletos de inmensos rollos de madera”. Mientras, se teme que haya problemas para las familias que habitan el paraje desde 1935, por haber denunciado el delito ambiental. El MNCI contrapuso la omisión del cuerpo de seguridad para cuidar los bosques nativos con la diligencia que suele mostrar para ejecutar acciones contra el campesinado en casos de conflictos territoriales. Por el momento interviene la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4 de Jujuy, a cargo de Mariana Subelza, y el comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Por otro lado Infoyungas consultó a las autoridades del Ministerio de Ambiente de la provincia quienes indicaron que la extracción de madera está autorizada a través de un programa donde los dueños de las finca tuvieron que ajustarse a un plan de manejo sustenble.
Tomo intervención el Ministerio público de la acusación y en estos momentos integrantes de movimientos indígenas impiden el paso de la empresa encargada de la deforestación.